RUTA FUTURO ARAUCA I PARTE

RUTA FUTURO ARAUCA

I

POLÍTICA INTEGRAL PARA

ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LAS DROGAS

UNA INTRODUCCIÓN

Según la Organización den naciones unidas ( ONU) en su más reciente informe Colombia produce el 70% de la cocaína mundial, respecto del consumo en  2017 unos 271 millones de personas -el 5,5% de la población mundial de 15 a 64 años- consumió drogas, una cifra similar a la del año anterior, pero un 30 % mayor a la del año 2009. La droga más extendida es el cannabis con unos 188 millones de consumidores.

La legalización del cannabis con fines recreativos en algunos estados de Estados Unidos parece haber impulsado el consumo de ese narcótico, señala el informe.

El consumo de cannabis se expande rápidamente", señala la ONUDD y apunta, aunque sin afirmarlo explícitamente, una vinculación entre el aumento del consumo y la liberalización de esa droga.

La ONU destaca que la prevención y el tratamiento siguen fallando en muchas partes del mundo y sólo una de cada siete personas con problemas graves de adicción recibe tratamiento. Estas cifras son globales, por lo que la situación en los países en desarrollo es mucho peor.

El informe también pone el foco en la situación en las prisiones, donde los problemas de consumo y la prevalencia de enfermedades infecciosas relacionadas con el consumo de drogas, como el VIH, la hepatitis C y la tuberculosis, son mucho más altas.

La Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas plantea estrategias efectivas que buscan reducir el consumo de drogas, la disponibilidad de drogas, con especial énfasis en cultivos ilícitos, desarticular organizaciones criminales, afectar las economías y rentas ilícitas, y crear condiciones para la transformación territorial y el tránsito a economías lícitas.

El punto de partida de esta política corresponde a los siete principios bajo los cuales se desarrollan estrategias, planes y proyectos para enfrentar el problema de las drogas. Este fenómeno requiere de una aproximación integral, es decir, que necesita articular a los diferentes actores (públicos y privados) para responder a los desafíos presentados en cada una de las fases de dicho problema. Para lograr una coordinación efectiva, es necesario apoyarse en evidencia técnica y científica con el fin de fortalecer el diálogo y diseñar las mejores estrategias para atacar las causas y efectos negativos de las drogas.

Adicionalmente, la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas considera los derechos humanos, la salud pública, la seguridad ciudadana, el desarrollo territorial, desarrollo humano y el ordenamiento ambiental.

Planteada la disposición para enfrentar el problema de las drogas, esta política está fundamentada en cuatro pilares estratégicos y uno transversal:

1. Reducir el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto;

2. Reducir la disponibilidad de drogas para los mercados internos y externos;

3. Desarticular y afectar las estructuras criminales; y

4. Afectar las economías y rentas criminales.

El quinto pilar corresponde a la transformación del territorio, en un modelo de tránsito a las economías lícitas y cuenta con cinco objetivos transversales a los pilares anteriormente referidos que actúan como acelerador del desarrollo así:

1. Generar condiciones territoriales para impulsar las economías lícitas rurales y urbanas, en un marco de sostenibilidad ambiental;

2. Posicionar a nivel internacional la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas, y gestionar el apoyo de cooperantes y sector privado para la implementación de ésta;

3. Impulsar la coordinación y la articulación institucional para el cumplimiento de las metas estratégicas;

4. Impulsar la generación de conocimiento, seguimiento y evaluación de la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas;

5. Asegurar la disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización y el acceso a ellas con fines  exclusivamente médicos y científicos, e impedir su desviación.

1. Disminuir el consumo de drogas: Prevención y atención

El país cuenta con un problema creciente de consumo de sustancias psicoactivas que afecta a nuestros niños y jóvenes, y en general a toda nuestra población:

 Entre 2013 y 2016, el porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años, con consumo reciente de drogas ilícitas incrementó de 4.3% a 8%.

 Para el caso de la población universitaria (18-24) la proporción de consumidores pasó del 8.21% en 2013 al 20.77% en 2016.

 Entre 2013 y 2016, el porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años, consumidores de cocaína de manera habitual en el último año, pasó de 0.3% al 2.6%.

 En la población universitaria, este hábito de consumo pasó del 1.9% en 2013 al 2.7% en 2016.

 1 de cada 5 escolares reporta que le han ofrecido probar alguna sustancia psicoactiva ilícita

 El inicio de consumo alcohol se presentan en promedio a los 13 años y de drogas ilícitas a 14 años.

Existe también un consumo considerable de Nuevas Sustancias Psicoactivas, específicamente de drogas sintéticas, que ha fortalecido un nuevo mercado de importación ilegal y consumo de este tipo de drogas.

 De acuerdo con los estudios disponibles, la última encuesta nacional de consumo (2013) la sustancia más usada en Colombia es la marihuana, seguida por la cocaína, basuco, éxtasis e inhalantes.

 El consumo de drogas sintéticas está aumentando y en el país se han identificado ya 32 nuevas sustancias psicoactivas, donde la mayoría son drogas sintéticas. La política emprende una fuerte estrategia de prevención dirigida a padres, docentes y jóvenes, que incluirá múltiples componentes para reducir la vulnerabilidad y promover la inclusión social, desde un enfoque de salud pública. Esto implica uso adecuado del tiempo libre, deporte, cultura y vida en familia. 

También advierte los graves efectos de las drogas en la juventud y en la población en general.

Las acciones están dirigidas a fortalecer el papel de los jóvenes, las familias, la escuela, la sociedad civil, la iglesia, las comunidades y la sociedad en general como actores claves de la prevención.

2. Atacar la oferta de drogas

El país está en una situación dramática en materia de cultivos ilícitos, y en ese sentido necesitamos emplear todas las formas posibles para combatir este flagelo, eso incluye mecanismos de aspersión aérea, no necesariamente con Glifosato. Pero en todo caso, cualquiera que sea el mecanismo, en este momento estamos trabajando de manera muy coordinada todos los entes de Gobierno, verificando que cualquier mecanismo que se utilice sea en cumplimiento

3 de la ley y bajo estándares exigidos por la Corte Constitucional, para garantizar la no afectación de la salud y el medio ambiente.

En 2017, Colombia alcanzó 171.000 hectáreas de cultivos de coca que representa un incremento del 17% (25.000 ha) con respecto a 2016 y el máximo histórico en el área sembrada. Se estima que a nivel nacional 119.500 familias están involucradas en el cultivo de hoja de coca.

En materia de cultivos ilícitos, se ha emprendido una lucha decidida para su inmediata reducción, dadas las preocupantes cifras encontradas. o A finales de 2017, se identificaron alrededor de 79.000 hectáreas de hoja de coca en resguardos indígenas, consejos comunitarios, parques nacionales y reservas forestales. o También existe afectación en zonas de interés estratégico (por ejemplo, fronteras terrestres) y en localidades donde antes no ha habido intervención. o Para alcanzar el potencial de exportación de clorhidrato de cocaína se necesitan aproximadamente 7.461 carrotanques de 65 metros cúbicos cada uno, para transportar las sustancias químicas líquidas utilizadas en el proceso. En cuanto a las sustancias químicas sólidas se necesitan 1.884 tractocamiones de 52 toneladas para transportar este tipo de sustancias químicas. o Las sustancias químicas son desviadas, ingresadas al país por contrabando o producidas de manera clandestina. o En el procesamiento de la hoja de coca se utilizan grandes cantidades de gasolina, entre otros componentes, que posteriormente se desechan en las fuentes hídricas, afectando gravemente el medio ambiente.

Para combatir la oferta la política incluye estrategias que abordan de manera integral el mercado de sustancias químicas, mediante su control en la importación, venta y uso en el territorio nacional y en puertos de entrada. Por primera vez la DIAN hará parte de esta lucha. En este mismo sentido, a nivel internacional, se promueve un marco de corresponsabilidad con los países productores de estas sustancias, con el fin de fortalecer los mecanismos de control y el intercambio de información estratégica a través de canales de cooperación bilateral y regional.

Se incrementaron los Grupos Móviles de Erradicación, con lo cual entre agosto y octubre se erradicaron forzosamente 17.968 hectáreas de hoja de coca. También se disminuyeron 4.000 hectáreas bajo el esquema de erradicación voluntaria durante los meses de agosto y septiembre.

Además de las estrategias de erradicación tradicionales, la Política Integral Contra las Drogas promueve la investigación, creación y desarrollo de nuevos mecanismos para la reducción de la oferta de drogas, incorporando estrategias de I+D (modificaciones genéticas, alteración de moléculas, etc.).

4 El estado cuenta con una gran experiencia acumulada en la lucha contra las drogas, sin embargo tenemos grandes retos en materia de coordinación y trabajo en equipo que consideramos se superan con la Política propuesta.

Es una Política que fortalece el trabajo en equipo, además integra a las entidades territoriales, a través del trabajo que se viene realizando con los Consejos Seccionales de Estupefacientes de los 32 departamentos del país y el Distrito Capital de Bogotá.

3. Desarticular las organizaciones criminales

El crimen organizado en Colombia se ha transformado y su caracterización se ubica en tres tipos A, B y C. o Organizaciones tipo A, ejercen control territorial en áreas rurales e influencia urbana a través de redes de crimen para sus negocios ilícitos, tienen incidencia nacional con alcance transnacional, fundamentada en el tráfico de drogas ilícitas, se han identificado 3 Grupos Armados Organizados - GAO: Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Puntilleros o Organizaciones tipo B, tienen incidencia a nivel regional y/o local, poseen capacidad de intimidación a través de la “práctica de violencia” instrumental, de estas organizaciones se han priorizado 23 para la operación policial. o Organizaciones tipo C, son grupos de Delincuencia Común Organizada con impacto local en la seguridad y convivencia ciudadana, se han identificado más de 300 a nivel nacional.

La desarticulación de organizaciones criminales es una prioridad y por eso se enlaza con esta política para afectar el negocio del narcotráfico de esas organizaciones que están operando bajo esquemas de redes que van desde el microtráfico hasta el crimen trasnacional.

Se fortalecerán los mecanismos de extradición con especial énfasis en los cabecillas de estas organizaciones y los principales actores del narcotráfico. Es una Política con estrategias diferenciadas para desarticular organizaciones criminales que están generando entornos violentos con afectación constante a la población.

4. Afectar las economías y rentas del crimen organizado

En 2016 el valor de ingresos del narcotráfico fue aproximadamente del 2% del PIB del país. Para 2017, el valor del capital acumulado con los ingresos generados por el narcotráfico representó el 5% del PIB del país, por encima de sectores como el café que participan con el 1% del PIB.

La industria del narcotráfico no solo genera considerables rentas para sus integrantes sino fuertes patrimonios de ilegalidad.

Uno de los aspectos novedosos de la Política Integral contra las Drogas, es sin duda que uno de los pilares está dedicado exclusivamente a la afectación de las finanzas ilícitas, con estrategias para contrarrestar la amenaza del lavado de activos y delitos fuente, lo cual constituye un avance importante para el Sistema Antilavado y contra la Financiación del Terrorismo del país, al contar con lineamientos específicos de lucha contra estos fenómenos, enmarcados en una estrategia integral de lucha contra el tráfico de drogas.

La acción de extinción de dominio se fortalecerá para quitarles los bienes a los criminales, y que esto permita generar recursos para combatir la criminalidad y hacer más fuerte nuestro aparato de justicia.

5. Transformar los territorios en el tránsito hacia las economías lícitas

Los municipios con afectación de cultivos ilícitos registran un índice de pobreza multidimensional rural de 54.7%, un 15% mayor al promedio registrado por los municipios no productores de coca.

También existe una brecha en las necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 22% entre las cabeceras municipales y las zonas rurales de los municipios afectados por coca.

Esta política descansa sobre un pilar fundamental y es la transformación del territorio; para crear oportunidades de desarrollo, en un tránsito hacia la legalidad y las economías lícitas.