HACIA
UN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
Antecedentes
Las entidades públicas de
cualquier gobierno, desempeñan un papel fundamental en la economía y los
gobernados de todo país. Ellas son decisivas en el desarrollo de las funciones
del Estado y representan un medio para otorgar a los ciudadanos, los recursos
y/o servicios que éstos requieren para tener una mejor calidad de vida. No obstante,
conforme se va presentando un crecimiento económico, las entidades públicas se
enfrentan a una mayor complejidad en el manejo del capital público y a una
exigencia superior en la administración y control del mismo. Por tal motivo, la
manera de gobernar dichas entidades públicas se torna más complicada. En
México, a partir de la década de los noventa, el Estado decidió realizar una
intervención en el sector público para generar una modernización del mismo,
considerando como un punto central, la mejora de la eficiencia y eficacia en la
administración pública. Por lo anterior, el objetivo de este boletín de
gobierno corporativo en su emisión de verano, es presentar en éste y los
siguientes artículos que lo componen, algunas reflexiones y alternativas para
incorporar prácticas de gobierno corporativo en entidades del sector público.
¿Por qué la necesidad de un buen gobierno en
las entidades públicas?
La creciente complejidad de las
entidades gubernamentales ha hecho necesario establecer más y mejores controles
a la administración de las empresas públicas en virtud de las importantes
carencias en el sistema de manejo de las mismas.
En términos generales, se pueden
identificar los siguientes factores como los responsables de un mal proceso de
gobernabilidad:
1. La carencia de un mercado
competitivo y la consiguiente falta de necesidad de procesos efectivos y
eficientes.
2. Fácil acceso de las entidades
a los recursos financieros, lo cual puede generar un despilfarro económico
elocuente
3. El respaldo del Estado a las
entidades públicas, lo cual afecta la responsabilidad que en otras
circunstancias deberían asumir sus administradores ante la escasez de recursos.
4. Los periodos políticos y sus
cambios, que obligan a las entidades a cambiar sus perspectivas de objetivos y
políticas.
5. La corrupción que propicia el
manejo de los recursos según intereses personales, además de la ineficiencia de
los agentes regulatorios para evitar la misma.
Gobernabilidad en el Sector
Público
Si bien existe una falta de
credibilidad hacia las entidades del sector público, también es necesario
reconocer que éstas no pueden mejorar sin la participación y el apoyo de los
ciudadanos como principales agentes de cambio.
Ante la necesidad de implementar prácticas que
permitan fomentar la adecuada gobernabilidad de las entidades públicas
encontramos al gobierno corporativo. El gobierno corporativo es un mecanismo
que sirve de guía y contrapeso a la administración de las entidades para
asegurar la transparencia en sus operaciones, los resultados de una buena
gestión y la eficiencia en los productos y servicios que se ofrecen. Apoyadas
en este mecanismo, las entidades públicas pueden realizar una actividad
independiente, objetiva y de fortalecimiento a su administración para agregar
valor y mejorar sus operaciones.
El hecho de que las entidades
públicas sean distintas de las empresas privadas no implica que la
administración de las mismas tenga que ser diferente. De hecho, la
gobernabilidad de éstas requiere que se lleve un proceso mucho más estricto, ya
que todos los recursos que se utilizan y todos los beneficios que se obtienen
pertenecen a los terceros involucrados, es decir a todos los ciudadanos.
Principios para una
gobernabilidad efectiva en las entidades de sector público
A efecto de que el sector público
pueda identificar algunos elementos de gobierno corporativo que pueden
contribuir a su funcionalidad, a continuación se destacan algunos principios:
1. Liderazgo y compromiso de los
órganos de gobierno
Para crear un sistema de gobierno
efectivo, la composición del consejo de administración y demás órganos de
gobierno, llámese comités especiales u otros similares de apoyo al consejo,
deben tener claridad sobre las responsabilidades que se asumen y el compromiso
que existe para con los ciudadanos.
El establecer una estructura de
gobierno bien definida, no garantiza el buen funcionamiento de los órganos de
gobierno si los miembros que los integran desconocen sus responsabilidades y
además, no se les obliga a que rindan cuentas sobre su mandato.
Una deficiente selección de
miembros para los órganos de gobierno puede ocasionar varios problemas, entre
los cuales evidentemente se encuentra el incumplimiento de sus deberes. Por
ello, la definición de un buen perfil para la integración de los órganos, debe
tomar en cuenta los conocimientos, experiencia y las cualidades de las
personas, así como los estrictos lineamientos éticos y de conducta que se
espera que sigan dentro de la entidad.
2. Comunicación
Una de las oportunidades actuales
del sector público está puesta sobre la comunicación entre sus áreas y todos
aquellos campos vinculados a sus operaciones y servicios. Dicha falla en la
comunicación limita la fluidez en las operaciones de las entidades, y entorpece
la llegada de información en los tiempos y con la oportunidad que se requiere
hacia los filtros correspondientes, afectando con esto la capacidad para una
adecuada y eficiente toma de decisiones.
Establecer canales de
comunicación funcionales y métodos para distinguir el tipo de información que
cada órgano de gobierno debe recibir, guía a los miembros de los órganos de
gobierno hacia un mejor proceso de toma de decisiones.
3. Rendición de cuentas
Para identificar correctamente
cuándo debe haber una rendición de cuentas, se debe definir quién es
responsable, por qué es responsable, de qué es responsable y cuándo es
responsable. La falta de estos criterios amenaza el cumplimiento de los
objetivos organizacionales. Cuando la rendición de cuentas es adecuada se
conocen las funciones de cada uno de los miembros y se optimiza la respuesta
ante cualquier contingencia.
4. Transparencia
Tal vez la transparencia en todos
sus aspectos constituye el elemento más importante que debería tener el sector
público en nuestro país. La falta de claridad en la información debilita la
confianza en las entidades públicas por parte de los terceros involucrados.
Mostrar cómo se obtienen los
recursos, el gasto de los mismos y la administración de las operaciones,
demuestra que las entidades públicas son fiables, responsables y con una buena
gobernabilidad, además de ofrecer una óptima imagen pública.
¿Quiénes son los dueños de las
entidades públicas?
Dentro de una empresa, se le
llama accionista a aquel que es dueño de la sociedad. En el sector público de
México, las entidades representan una parte de la propiedad de cada uno de los
mexicanos, por lo que los accionistas de las empresas públicas somos todos. En
un buen gobierno corporativo los accionistas son fundamentales en la toma de
decisiones de las empresas. Por tal motivo, es responsabilidad de los
ciudadanos estar enterados y al pendiente del manejo de las entidades públicas
pues éstas son parte de su patrimonio y a través de su adecuada gobernabilidad,
generan beneficios para la comunidad en su conjunto.
Conclusiones
El ciudadano basado en sus derechos
constitucionales, debe exigir a las autoridades correspondientes el buen manejo
de las distintas entidades públicas y el adecuado desempeño de aquellos que han
sido elegidos para gobernar en las mismas. Por su parte, solo considerando la
implementación de prácticas de gobierno eficientes, las entidades del sector
público mexicanas competirán bajo los mismos estándares que las empresas del
sector privado y contribuirán a mejorar la economía y la sociedad en su
conjunto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario