CORRUPCIÓN
ADMINISTRATIVA
La segunda forma es la
corrupción administrativa, que aunque vinculada a la corrupción política, es
diferente y tiene una naturaleza propia. La corrupción administrativa se
encuentra referida a los servidores públicos.
La corrupción
administrativa no puede separarse de la corrupción política; se alimenta una de
la otra. Donde los políticos son corruptos surge la corrupción administrativa,
aunque la profesionalización del servicio público puede atenuar la expansión
del fenómeno. Parece probable que la corrupción administrativa de los funcionarios
de alta jerarquía, estrechamente relacionada con el funcionamiento y, por tanto,
con la legitimidad del Estado, es más nociva que la corrupción de funcionarios de
niveles bajos (Jacobs y Anechiarico, 2001: 324).
La corrupción
administrativa se da principalmente en el ámbito de la administración pública,
y particular, en los servidores públicos. Ésta se caracteriza por el abuso de
los deberes de los servidores públicos para obtener beneficios propios. Algunos
lugares comunes de la corrupción son las áreas de compras, adquisiciones, aduanas,
emisión de licencias y permisos, entre otros (Diego, 2005: 57). La corrupción
en la administración pública constituye un grave problema, toda vez que
distorsiona los objetivos de las políticas públicas, desperdicia y redistribuye
recursos hacia actividades socialmente poco productivas, crea inestabilidad y desconfianza
en el gobierno. La corrupción administrativa no es entonces solamente una falta
o delito que transfiera recursos de un grupo a otro dentro de la sociedad es,
en su conjunto, un problema social que lastima las instituciones y merma al
Estado de Derecho, al no respetarse la ley
y operar en perjuicio del entorno político, económico y social en un
país (Roemer, 2003: 246).
La corrupción
administrativa –o burocrática– es la que llama la atención tanto del público
como de aquellos que escriben sobre el tema. Se trata del tipo de “detalle” o
“pequeño cambio” que prevalece en muchos países.
Mientras más amplio es el
uso de permisos y autorizaciones, mayor es la presencia de este tipo de
corrupción. Los servidores públicos que se involucran en estos actos violan la
relación entre la autoridad y los agentes
que debe existir entre ellos (los agentes) y el gobierno (la autoridad).
Estos empleados públicos
usan la discrecionalidad que tienen sobre decisiones específicas (incluyendo el
plazo para responder a una petición y si esta corresponde o no) para obtener
sobornos que pueden, en ocasiones, esconder regalos, favores o gratificaciones
(Tanzi, 2008: 30-31).
Los incentivos para la
corrupción, al igual que los que actúan en cualquier otra actividad ilegal,
aumentan si es pequeña la probabilidad de ser descubiertos y castigados. El
riesgo de incurrir en sanciones se vincula con la dinámica interna del
intercambio corrupto y con la eficiencia de los controles externos sobre el respeto
de las regulaciones y de las normas, de naturaleza penal y administrativa. Una
burocracia no corrompida constituye un elemento esencial de vigilancia y de
equilibrio de las actividades de los políticos. Con frecuencia, los
funcionarios se hallan en condiciones de denunciar los actos de corrupción de
los políticos, o pueden negarse a adoptar los procedimientos ejecutivos necesarios.
Por su parte, los políticos definen las líneas esenciales de actividad de las
administraciones públicas, condicionando tanto las oportunidades como los
riesgos de la corrupción burocrática (Vanucci, 2003: 107).
En suma, una de las
maneras de combatir a la corrupción administrativa es crear coaliciones entre
la sociedad civil y el Estado. La apertura de canales, para que tanto la
sociedad civil como los grupos de interés puedan demandar mayor responsabilidad
de ambas partes, ello genera y sustenta una dinámica ciudadano-gobierno que
apoyará sustancialmente las reformas (González, 2001: 309). Comprender lo
anterior ha propiciado que en muchos países la sociedad civil presione a sus
gobiernos para un cambio, y ha hecho que muchos gobiernos emprendan una reforma
de gran alcance de las instituciones del sector público para propiciar servidores
públicos honestos, profesionalizados y con una carrera administrativa
perdurable.
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