jueves, 25 de julio de 2019

CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA





CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA






La segunda forma es la corrupción administrativa, que aunque vinculada a la corrupción política, es diferente y tiene una naturaleza propia. La corrupción administrativa se encuentra referida a los servidores públicos.


La corrupción administrativa no puede separarse de la corrupción política; se alimenta una de la otra. Donde los políticos son corruptos surge la corrupción administrativa, aunque la profesionalización del servicio público puede atenuar la expansión del fenómeno. Parece probable que la corrupción administrativa de los funcionarios de alta jerarquía, estrechamente relacionada con el funcionamiento y, por tanto, con la legitimidad del Estado, es más nociva que la corrupción de funcionarios de niveles bajos (Jacobs y Anechiarico, 2001: 324).

La corrupción administrativa se da principalmente en el ámbito de la administración pública, y particular, en los servidores públicos. Ésta se caracteriza por el abuso de los deberes de los servidores públicos para obtener beneficios propios. Algunos lugares comunes de la corrupción son las áreas de compras, adquisiciones, aduanas, emisión de licencias y permisos, entre otros (Diego, 2005: 57). La corrupción en la administración pública constituye un grave problema, toda vez que distorsiona los objetivos de las políticas públicas, desperdicia y redistribuye recursos hacia actividades socialmente poco productivas, crea inestabilidad y desconfianza en el gobierno. La corrupción administrativa no es entonces solamente una falta o delito que transfiera recursos de un grupo a otro dentro de la sociedad es, en su conjunto, un problema social que lastima las instituciones y merma al Estado de Derecho, al no respetarse la ley  y operar en perjuicio del entorno político, económico y social en un país (Roemer, 2003: 246).

La corrupción administrativa –o burocrática– es la que llama la atención tanto del público como de aquellos que escriben sobre el tema. Se trata del tipo de “detalle” o “pequeño cambio” que prevalece en muchos países.

Mientras más amplio es el uso de permisos y autorizaciones, mayor es la presencia de este tipo de corrupción. Los servidores públicos que se involucran en estos actos violan la relación entre la autoridad y los agentes  que debe existir entre ellos (los agentes) y el gobierno (la autoridad).


Estos empleados públicos usan la discrecionalidad que tienen sobre decisiones específicas (incluyendo el plazo para responder a una petición y si esta corresponde o no) para obtener sobornos que pueden, en ocasiones, esconder regalos, favores o gratificaciones (Tanzi, 2008: 30-31).

Los incentivos para la corrupción, al igual que los que actúan en cualquier otra actividad ilegal, aumentan si es pequeña la probabilidad de ser descubiertos y castigados. El riesgo de incurrir en sanciones se vincula con la dinámica interna del intercambio corrupto y con la eficiencia de los controles externos sobre el respeto de las regulaciones y de las normas, de naturaleza penal y administrativa. Una burocracia no corrompida constituye un elemento esencial de vigilancia y de equilibrio de las actividades de los políticos. Con frecuencia, los funcionarios se hallan en condiciones de denunciar los actos de corrupción de los políticos, o pueden negarse a adoptar los procedimientos ejecutivos necesarios. Por su parte, los políticos definen las líneas esenciales de actividad de las administraciones públicas, condicionando tanto las oportunidades como los riesgos de la corrupción burocrática (Vanucci, 2003: 107).

En suma, una de las maneras de combatir a la corrupción administrativa es crear coaliciones entre la sociedad civil y el Estado. La apertura de canales, para que tanto la sociedad civil como los grupos de interés puedan demandar mayor responsabilidad de ambas partes, ello genera y sustenta una dinámica ciudadano-gobierno que apoyará sustancialmente las reformas (González, 2001: 309). Comprender lo anterior ha propiciado que en muchos países la sociedad civil presione a sus gobiernos para un cambio, y ha hecho que muchos gobiernos emprendan una reforma de gran alcance de las instituciones del sector público para propiciar servidores públicos honestos, profesionalizados y con una carrera administrativa perdurable.





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