DESCENTRALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ESTATAL

DESCENTRALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ESTATAL

Las reformas descentralistas de esta última década en Colombia han estado, pues, muy vinculadas a un proyecto de modernización del Estado. En ese sentido, la descentralización, más que una redistribución de los poderes territoriales constituye una estrategia de reforma estatal, un intento por redefinir el rol del Estado y los términos de su relación con la sociedad.

De hecho, el proyecto del Presidente Betancur al asumir el poder fue adelantar una reforma política de fondo que tocase instituciones como la Justicia, los partidos, el Congreso, la oposición y la administración pública y que modificara las relaciones entre el Estado y los colombianos, hasta ese momento marcadas por una alta dosis de autoritarismo3. Ese proyecto no prosperó, excepto en lo relativo a la reforma del régimen municipal, la cual se erigió como «punta de lanza» de la transformación del Estado.

Igual cosa puede decirse de los presidentes Barco y Gaviria, especialmente de este último. Para su gobierno, la solución de los grandes problemas del país pasaba por la ejecución de una doble estrategia: la apertura económica y la descentralización. Ambas constituían pilares fundamentales y complementarios del nuevo modelo de desarrollo. La primera daría salida al agotamiento del viejo modelo de sustitución de importaciones y le daría un nuevo aire a la economía colombiana. La segunda permitiría un reordenamiento del aparato estatal para hacerlo más funcional a las demandas internas y a las exigencias del nuevo entorno internacional.

No era sin embargo la primera vez que se formulaban propuestas modernizantes en este siglo. En su momento, los Presidentes López Pumarejo y Lleras Restrepo formularon y ejecutaron sendas reformas estatales, de alcance y significado diferentes. En efecto, para López Pumarejo, modernizar el Estado significó modificar sustancialmente las instituciones políticas con base en criterios de racionalidad, eficacia, secularización (libertad de conciencia), protección de los derechos sociales y activación de la economía bajo la tutela del Estado. Se trataba de construir, a través de la «revolución en marcha» un nuevo orden acorde con las necesidades históricas impuestas por una burguesía naciente cuyos intereses estratégicos apuntaban a la transformación, no sólo de la economía sino también de la sociedad y la política.

Distinto fue el sentido de la modernización estatal impulsada por el Presidente Lleras Restrepo. Su propósito, más que racionalizar y secularizar la acción del Estado, consistió en fortalecer el régimen presidencial dándole mayor poder decisorio al Ejecutivo en el ámbito económico y en el manejo fiscal y cambiario (planificación económica), entregarle una mayor influencia a los tecnócratas en las decisiones del Estado y elevar sustancialmente la capacidad de intervención de este último en la economía (VELASQUEZ, 1992).

Hoy, las reformas descentralistas le han otorgado un sentido diferente a la modernización: ya no se trata primordialmente de la función social de la propiedad, ni de la intervención del Estado en la economía, ni tampoco de la planificación tecnocrática o de la concentración del poder en el Ejecutivo. Incluso, podría decirse que tampoco es cuestión de responder a una coyuntura de conflicto social y político o de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, como fue el caso hace una década. Todas esas siguen siendo sin duda preocupaciones políticas del momento que no han sido del todo resueltas. No obstante, la modernización parece significar algo diferente en la hora actual, a saber, estructurar un Estado ágil, menos interventor y más regulador, menos centralizado, más comprometido con las nuevas tendencias de la economía mundial, más dispuesto a enfrentar los problemas del desarrollo desde los entes periféricos y en interacción con el sector privado y más abierto a la iniciativa y a la participación de la sociedad en la gestión del bienestar. Las palabras claves no son ya secularización, intervención o planificación sino descentralización, privatización, regulación y participación.

http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/46-descentralizacion-procesos-y-tendencias-nomadas-3/717-descentralizacion-y-modernizacion-del-estado-en-colombia-balance-de-una-experiencia

CORRUPCIÓN POLÍTICA

CORRUPCIÓN POLÍTICA

La corrupción política es una de las primeras formas de corrupción (Diego, 2005: 55). Ésta se manifiesta cuando los políticos, por el deseo de codicia, se aseguran una forma privada, desvían fondos de las arcas públicas, extorsionan a individuos y empresas para obtener recursos, aceptan sobornos para realizar operaciones ilícitas y compran votos en las elecciones. También reciben contribuciones legales e ilegales para su partido o campañas políticas que califican de anónimos para ocultar su procedencia, las más de las veces reprochable aunque sabiendo que procede de grupos acaudalados con intereses especiales a cambio de favores.

Aunque hay que tener cuidado en el concepto inicial de corrupción política: el abuso del cargo para la ganancia privada. Este concepto, basado en el cargo, se desarrolló con la consolidación del Estado-nación moderno y de la profesionalización de la administración pública. Sin embargo, este concepto hace a un lado: a) las dimensiones políticas de la corrupción, en particular, la corrupción de los procesos de debate a través de los cuales se crean las reglas y normas; b) los patrones institucionales que respaldan y justifican la corrupción, y c) las culturas política dentro de las cuales ciertas acciones, instituciones y hasta discursos pueden ser juzgados corruptos (Warren, 2005: 113).

La historia de la corrupción política es vasta e ininterrumpida. Hay testimonios de su existencia en diferentes tiempos y culturas, en todas las regiones y en todos los sistemas políticos conocidos. Esta permanencia del fenómeno es tal que sugiere la idea acerca de que la corrupción es algo inherente al ser humano, que existe siempre, cualquiera que sea el sistema político y el tiempo en que pensemos. Ningún autor, investigador, historiador o analista ha puesto en tela de juicio esta verdad empírica evidente. La corrupción ha llegado incluso a ser calificada de endémica en todas las formas de gobierno (Diego, 2005: 47).

Como forma de comportamiento político desviado, la corrupción es una conducta política contraria a las normas políticas. Esta definición destaca por igual sus componentes normativos y conductuales. El aspecto normativo de la corrupción se centra en los criterios o reglas valorativos que determinan la corrección política: los criterios utilizados para juzgar la legitimidad o ilegitimidad –es decir la corrupción– de un acto político. El aspecto conductual corresponde a acciones observables (Morris, 1991:

La corrupción política es una amenaza al núcleo de la democracia porque es la “compra de decisiones públicas”, lo cual no significa que todo el poder está juridificado sino que existen canales de poder que inciden sobre las decisiones por procedimientos distintos a los establecidos por las reglas del juego (Calsamiglia, 2000: 20).

A la corrupción política también se le puede denominar “criminalidad gubernativa”, aunque esta expresión es puramente convencional, tiene por finalidad designar los hechos delictivos cometidos por los gobernantes.

Bajo esta visión, la conclusión es evidente: la criminalidad gubernativa tiende a difuminar la ecuación entre Estado y legalidad y, por consiguiente, tiende a deslegitimar al Estado ante los ciudadanos (Díez-Picazo, 2000: 11-13). La corrupción política es corrupción de la política, de su lógica, de su demarcación, respecto del ámbito privado y de sus propios valores (Rabotnikof, 2003: 46). La corrupción política sustituye el interés público por intereses privados, erosiona las raíces de una sociedad democrática y niega los principios de igualdad y transparencia al otorgar a ciertos actores un acceso privilegiado y oculto a los recursos públicos (Mény, 2003: 126).

La corrupción política –o de los políticos, ejerzan o no un cargo electo– puede producirse de manera individual por un político o por una camarilla de políticos que obtienen canonjías y privilegios de todo tipo, aunque también se encuentra referida a lo que sucede con los partidos políticos y sus representantes. Para ciertos autores e instituciones la corrupción política sería una parte de la corrupción en general que se diferenciaría del resto por la naturaleza de sus actores. La corrupción política sería la que realizan los políticos, mientras que la corrupción administrativa la que realizan los servidores públicos.

Los ciudadanos consideran que la corrupción política anida en los partidos políticos y en los representantes electos del pueblo. Pero los partidos políticos son instituciones con miles de militantes en muchas ocasiones, y la tendencia social a considerar como corruptos a todos los miembros de dichos partidos, no parece que sea realmente cierta. Sin embargo, los partidos políticos son los instrumentos de selección de los líderes políticos y los principales actores de la política democrática, por lo que la ciudadanía está diciendo que, como organizaciones, en su labor social está fracasando. Este fracaso se debe a que su sistema de incentivos es, a menudo perverso, porque no son coherentes con el deber ser de la política democrática. Porque como actores colectivos están incumpliendo las obligaciones que se derivan de la acción política en una democracia. “La corrupción de los partidos es corrupción política, es decir, corrupción de la política” (Villoria, 2006: 11).

Por ello, la corrupción política puede analizarse como una transacción oculta en la que un agente público, violando las reglas previstas para su actuación, intercambia un poder discrecional (o bien recursos de  Por ello, la corrupción política puede analizarse como una transacción oculta en la que un agente público, violando las reglas previstas para su actuación, intercambia un poder discrecional (o bien recursos de  información o de confianza que derivan de su posición) con recursos privados (Vanucci, 2003: 84-85).

 En ese sentido, todo sistema político delimita por medio de normas jurídicas los confines entre el poder interno de la organización pública y el exterior a ella. La corrupción puede ser contemplada como una actividad capaz de desplazar o de confundir esa línea de demarcación. Así, la corrupción política se considera como un problema de gobernabilidad, y no necesariamente un producto cultural. La corrupción puede ser entendida como “el mal uso de la autoridad otorgada para ganancias personales.

http://www.inap.mx/portal/images/pdf/rap125.pdf

CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

La segunda forma es la corrupción administrativa, que aunque vinculada a la corrupción política, es diferente y tiene una naturaleza propia. La corrupción administrativa se encuentra referida a los servidores públicos.

La corrupción administrativa no puede separarse de la corrupción política; se alimenta una de la otra. Donde los políticos son corruptos surge la corrupción administrativa, aunque la profesionalización del servicio público puede atenuar la expansión del fenómeno. Parece probable que la corrupción administrativa de los funcionarios de alta jerarquía, estrechamente relacionada con el funcionamiento y, por tanto, con la legitimidad del Estado, es más nociva que la corrupción de funcionarios de niveles bajos (Jacobs y Anechiarico, 2001: 324).

La corrupción administrativa se da principalmente en el ámbito de la administración pública, y particular, en los servidores públicos. Ésta se caracteriza por el abuso de los deberes de los servidores públicos para obtener beneficios propios. Algunos lugares comunes de la corrupción son las áreas de compras, adquisiciones, aduanas, emisión de licencias y permisos, entre otros (Diego, 2005: 57). La corrupción en la administración pública constituye un grave problema, toda vez que distorsiona los objetivos de las políticas públicas, desperdicia y redistribuye recursos hacia actividades socialmente poco productivas, crea inestabilidad y desconfianza en el gobierno. La corrupción administrativa no es entonces solamente una falta o delito que transfiera recursos de un grupo a otro dentro de la sociedad es, en su conjunto, un problema social que lastima las instituciones y merma al Estado de Derecho, al no respetarse la ley  y operar en perjuicio del entorno político, económico y social en un país (Roemer, 2003: 246).

La corrupción administrativa –o burocrática– es la que llama la atención tanto del público como de aquellos que escriben sobre el tema. Se trata del tipo de “detalle” o “pequeño cambio” que prevalece en muchos países.

Mientras más amplio es el uso de permisos y autorizaciones, mayor es la presencia de este tipo de corrupción. Los servidores públicos que se involucran en estos actos violan la relación entre la autoridad y los agentes  que debe existir entre ellos (los agentes) y el gobierno (la autoridad).

Estos empleados públicos usan la discrecionalidad que tienen sobre decisiones específicas (incluyendo el plazo para responder a una petición y si esta corresponde o no) para obtener sobornos que pueden, en ocasiones, esconder regalos, favores o gratificaciones (Tanzi, 2008: 30-31).

Los incentivos para la corrupción, al igual que los que actúan en cualquier otra actividad ilegal, aumentan si es pequeña la probabilidad de ser descubiertos y castigados. El riesgo de incurrir en sanciones se vincula con la dinámica interna del intercambio corrupto y con la eficiencia de los controles externos sobre el respeto de las regulaciones y de las normas, de naturaleza penal y administrativa. Una burocracia no corrompida constituye un elemento esencial de vigilancia y de equilibrio de las actividades de los políticos. Con frecuencia, los funcionarios se hallan en condiciones de denunciar los actos de corrupción de los políticos, o pueden negarse a adoptar los procedimientos ejecutivos necesarios. Por su parte, los políticos definen las líneas esenciales de actividad de las administraciones públicas, condicionando tanto las oportunidades como los riesgos de la corrupción burocrática (Vanucci, 2003: 107).

En suma, una de las maneras de combatir a la corrupción administrativa es crear coaliciones entre la sociedad civil y el Estado. La apertura de canales, para que tanto la sociedad civil como los grupos de interés puedan demandar mayor responsabilidad de ambas partes, ello genera y sustenta una dinámica ciudadano-gobierno que apoyará sustancialmente las reformas (González, 2001: 309). Comprender lo anterior ha propiciado que en muchos países la sociedad civil presione a sus gobiernos para un cambio, y ha hecho que muchos gobiernos emprendan una reforma de gran alcance de las instituciones del sector público para propiciar servidores públicos honestos, profesionalizados y con una carrera administrativa perdurable.

 http://www.inap.mx/portal/images/pdf/rap125.pdf

EL MUNICIPIO COMO EMPRESA

EL MUNICIPIO COMO EMPRESA

GERENCIA PÚBLICA

Los municipios no son otra cosa que una empresa cuyo objetivo final es garantizar el bienestar de los ciudadanos que residen en su jurisdicción. El carácter empresarial del municipio implica que a través de su gestión, éste produce ciertos bienes y servicios, representados en coberturas en materia de salud y educación, promoción del desarrollo económico, provisión de los servicios públicos sociales, entre otros.

Para obtener dicha producción, el municipio fija unas políticas, define programas y metas y establece procesos, bajo la restricción de los insumos o recursos disponibles, todo esto enmarcado en las competencias y funciones que le fueron atribuidas por la Constitución y las leyes.

Como se observa en el siguiente gráfico el proceso de gestión pública municipal debe estar fundamentado en la articulación de normas, recursos, instrumentos, procesos y procedimientos, los cuales si están en armonía y son consistentes garantizarán mejores resultados.

Recursos. Los recursos están asociados a la capacidad financiera, técnica administrativa y humana que tiene la administración para adelantar las actividades necesarias para lograr los objetivos de desarrollo planteados en la fase de planificación. Como ejemplos de recursos se encuentra el conjunto de dependencias con que cuenta la administración – estructura administrativa u organizacional-, la capacidad técnica de los funcionarios, los recursos financieros con que cuenta para su funcionamiento e inversión, el aporte de la comunidad en los procesos de planeación y control social, entre otros.

Procesos. Están relacionados con la organización interna y la forma como la administración adelanta su gestión con la participación de la comunidad, la dirigencia política y todos los actores que intervienen en el desarrollo del municipio en el proceso de transformación de los insumos en productos y resultados. Como ejemplo de procesos encontramos la elaboración del plan de desarrollo, el presupuesto, control interno, organización y presentación de resultados de la gestión, la contratación, entre otras.

Instrumentos. Son las herramientas que facilitan la misión de la administración local para cumplir con sus responsabilidades frente a sus comunidades. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo, el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, Plan Operativo Anual de Inversiones, Planes de Acción, Planes Indicativos, Presupuesto, Sisben, sistemas de información, entre otros.

Los resultados de la gestión de un municipio dependen de la calidad de los procesos, instrumentos y recursos con que cuenta la administración local para realizar la planeación, la ejecución y la evaluación de las estrategias de desarrollo.

Como se ha planteado en este documento, el municipio debe concebirse como una empresa donde los socios son todos los habitantes de su jurisdicción quienes eligen a sus directivos (alcaldes – miembros del Concejo), aportan los recursos a través de impuestos y tarifas para recibir los beneficios o perjuicios de la eficiencia o ineficiencia con que se maneja su empresa.

De acuerdo con esto, la participación activa de las comunidades en los procesos de  gestión es fundamental y por ello se debe avanzar en su concientización de que el Estado no genera por si mismo las riquezas o recursos financieros, sino que éstos provienen de las comunidades a través del pago de impuestos y tarifas. 

Los únicos recursos que provienen del mismo Estado corresponden a aquellos derivados de la explotación de los recursos naturales, el monopolio de ciertas actividades industriales o comerciales o recursos de crédito externo o interno; sin embargo, cuando el Estado explota petróleo, carbón u otras riquezas para financiar obras o pagar empréstitos, está aprovechando recursos que son de toda la colectividad y por tanto tiene el derecho y el deber de participar en las decisiones tomadas.

Así mismo, es importante que las comunidades conozcan cuál es el origen y el destino de los recursos del Estado, ya que de esta manera es más fácil comprender las decisiones tomadas en torno a la priorización de inversiones en la fase de planeación, la racionalización de gastos o el establecimiento de impuestos o tarifas.

Si una comunidad no se interesa en las decisiones que toma su municipio, si no elige responsablemente a sus representantes.... ¿Cómo puede exigir que esta empresa ofrezca los bienes y servicios sociales que permitirán mejorar sus condiciones de vida?.

http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/gestion%20p%C3%BAblica%20local.pdf

GERENCIA PÚBLICA

GERENCIA PÚBLICA

Con la aparición del modelo de gerencia pública, se hace preciso definir como se entiende este modelo de gestión. La gerencia pública se construye como una nueva propuesta administrativa gubernamental que moderniza los enfoques de la alta dirección del Estado, y que tiene como finalidad el mejoramiento de la capacidad de gobierno para lograr un incremento en la gobernabilidad y contar con condiciones de mejora continua en los procesos administrativos, con el objetivo de resolver de manera eficiente y expedita los problemas que presenta la sociedad.

Con el fin de lograr la eficiencia en las políticas implantadas por el Gobierno, se deben formular procesos de selección de los funcionarios que resalte los conocimientos, las competencias laborales y dominen las técnicas adecuadas para la toma de decisiones y así lograr la implementación de políticas públicas eficientes, eficaces y efectivas en el quehacer administrativo.

En Colombia el reto para los servidores públicos es cada día mayor, ya que este enfoque implica cambiar de paradigma, y convertirnos en gerentes públicos, generando propuestas gubernamentales que respondan a los problemas coyunturales de la sociedad, para esto se hace necesario replantear los procesos y procedimientos para que sean encaminados hacia una lógica de competencia y combatir ciertas prácticas cotidianas de la administración pública como son: la falta de rendición de cuentas, la corrupción, el gasto excesivo, el desarrollo de un sin número de controles que impiden que los procedimientos administrativos tengan un cauce fluido, además de la desconfianza de la ciudadanía hacia los funcionarios públicos, entre otras.

Este enfoque de la gestión pública genera que los servidores públicos estén en constante preparación y capacitación para poder desarrollar las estrategias que les permitan crear una nueva organización administrativa dentro de cada una de las entidades del Estado, orientada a la mejora constante en la prestación del servicio gubernamental a la ciudadanía.

Realizado por: Gabriel F. Muñoz Diaz

Profesional Dirección de Desarrollo Organizacional

Función Pública- Colombia

2016

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/una-vision-conceptual-del-enfoque-de-la-nueva-gerencia-publica

HACIA UN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

HACIA UN GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Antecedentes

Las entidades públicas de cualquier gobierno, desempeñan un papel fundamental en la economía y los gobernados de todo país. Ellas son decisivas en el desarrollo de las funciones del Estado y representan un medio para otorgar a los ciudadanos, los recursos y/o servicios que éstos requieren para tener una mejor calidad de vida. No obstante, conforme se va presentando un crecimiento económico, las entidades públicas se enfrentan a una mayor complejidad en el manejo del capital público y a una exigencia superior en la administración y control del mismo. Por tal motivo, la manera de gobernar dichas entidades públicas se torna más complicada. En México, a partir de la década de los noventa, el Estado decidió realizar una intervención en el sector público para generar una modernización del mismo, considerando como un punto central, la mejora de la eficiencia y eficacia en la administración pública. Por lo anterior, el objetivo de este boletín de gobierno corporativo en su emisión de verano, es presentar en éste y los siguientes artículos que lo componen, algunas reflexiones y alternativas para incorporar prácticas de gobierno corporativo en entidades del sector público.

 ¿Por qué la necesidad de un buen gobierno en las entidades públicas?

La creciente complejidad de las entidades gubernamentales ha hecho necesario establecer más y mejores controles a la administración de las empresas públicas en virtud de las importantes carencias en el sistema de manejo de las mismas.

En términos generales, se pueden identificar los siguientes factores como los responsables de un mal proceso de gobernabilidad:

1. La carencia de un mercado competitivo y la consiguiente falta de necesidad de procesos efectivos y eficientes.

2. Fácil acceso de las entidades a los recursos financieros, lo cual puede generar un despilfarro económico elocuente

3. El respaldo del Estado a las entidades públicas, lo cual afecta la responsabilidad que en otras circunstancias deberían asumir sus administradores ante la escasez de recursos.

4. Los periodos políticos y sus cambios, que obligan a las entidades a cambiar sus perspectivas de objetivos y políticas.

5. La corrupción que propicia el manejo de los recursos según intereses personales, además de la ineficiencia de los agentes regulatorios para evitar la misma.

Gobernabilidad en el Sector Público

Si bien existe una falta de credibilidad hacia las entidades del sector público, también es necesario reconocer que éstas no pueden mejorar sin la participación y el apoyo de los ciudadanos como principales agentes de cambio.

 Ante la necesidad de implementar prácticas que permitan fomentar la adecuada gobernabilidad de las entidades públicas encontramos al gobierno corporativo. El gobierno corporativo es un mecanismo que sirve de guía y contrapeso a la administración de las entidades para asegurar la transparencia en sus operaciones, los resultados de una buena gestión y la eficiencia en los productos y servicios que se ofrecen. Apoyadas en este mecanismo, las entidades públicas pueden realizar una actividad independiente, objetiva y de fortalecimiento a su administración para agregar valor y mejorar sus operaciones.

El hecho de que las entidades públicas sean distintas de las empresas privadas no implica que la administración de las mismas tenga que ser diferente. De hecho, la gobernabilidad de éstas requiere que se lleve un proceso mucho más estricto, ya que todos los recursos que se utilizan y todos los beneficios que se obtienen pertenecen a los terceros involucrados, es decir a todos los ciudadanos.

Principios para una gobernabilidad efectiva en las entidades de sector público

A efecto de que el sector público pueda identificar algunos elementos de gobierno corporativo que pueden contribuir a su funcionalidad, a continuación se  destacan algunos principios:

1. Liderazgo y compromiso de los órganos de gobierno

Para crear un sistema de gobierno efectivo, la composición del consejo de administración y demás órganos de gobierno, llámese comités especiales u otros similares de apoyo al consejo, deben tener claridad sobre las responsabilidades que se asumen y el compromiso que existe para con los ciudadanos.

El establecer una estructura de gobierno bien definida, no garantiza el buen funcionamiento de los órganos de gobierno si los miembros que los integran desconocen sus responsabilidades y además, no se les obliga a que rindan cuentas sobre su mandato.

Una deficiente selección de miembros para los órganos de gobierno puede ocasionar varios problemas, entre los cuales evidentemente se encuentra el incumplimiento de sus deberes. Por ello, la definición de un buen perfil para la integración de los órganos, debe tomar en cuenta los conocimientos, experiencia y las cualidades de las personas, así como los estrictos lineamientos éticos y de conducta que se espera que sigan dentro de la entidad.

2. Comunicación

Una de las oportunidades actuales del sector público está puesta sobre la comunicación entre sus áreas y todos aquellos campos vinculados a sus operaciones y servicios. Dicha falla en la comunicación limita la fluidez en las operaciones de las entidades, y entorpece la llegada de información en los tiempos y con la oportunidad que se requiere hacia los filtros correspondientes, afectando con esto la capacidad para una adecuada y eficiente toma de decisiones.

Establecer canales de comunicación funcionales y métodos para distinguir el tipo de información que cada órgano de gobierno debe recibir, guía a los miembros de los órganos de gobierno hacia un mejor proceso de toma de decisiones.

3. Rendición de cuentas

Para identificar correctamente cuándo debe haber una rendición de cuentas, se debe definir quién es responsable, por qué es responsable, de qué es responsable y cuándo es responsable. La falta de estos criterios amenaza el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Cuando la rendición de cuentas es adecuada se conocen las funciones de cada uno de los miembros y se optimiza la respuesta ante cualquier contingencia.

4. Transparencia

Tal vez la transparencia en todos sus aspectos constituye el elemento más importante que debería tener el sector público en nuestro país. La falta de claridad en la información debilita la confianza en las entidades públicas por parte de los terceros involucrados.

Mostrar cómo se obtienen los recursos, el gasto de los mismos y la administración de las operaciones, demuestra que las entidades públicas son fiables, responsables y con una buena gobernabilidad, además de ofrecer una óptima imagen pública.

¿Quiénes son los dueños de las entidades públicas?

Dentro de una empresa, se le llama accionista a aquel que es dueño de la sociedad. En el sector público de México, las entidades representan una parte de la propiedad de cada uno de los mexicanos, por lo que los accionistas de las empresas públicas somos todos. En un buen gobierno corporativo los accionistas son fundamentales en la toma de decisiones de las empresas. Por tal motivo, es responsabilidad de los ciudadanos estar enterados y al pendiente del manejo de las entidades públicas pues éstas son parte de su patrimonio y a través de su adecuada gobernabilidad, generan beneficios para la comunidad en su conjunto.

Conclusiones

 El ciudadano basado en sus derechos constitucionales, debe exigir a las autoridades correspondientes el buen manejo de las distintas entidades públicas y el adecuado desempeño de aquellos que han sido elegidos para gobernar en las mismas. Por su parte, solo considerando la implementación de prácticas de gobierno eficientes, las entidades del sector público mexicanas competirán bajo los mismos estándares que las empresas del sector privado y contribuirán a mejorar la economía y la sociedad en su conjunto.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Gobierno-Corporativo/practicas-gobcorp-en-sector-publico.pdf

MARKETING PÚBLICO EN REDES SOCIALES

MARKETING PÚBLICO EN REDES SOCIALES

El marketing en redes sociales para el sector público es fundamental de cara a conectar con el usuario y obtener feedback sobre su gestión.

Porqué es importante el marketing en redes sociales para el sector público

Si las actuaciones llevadas a cabo por la Administración Pública van dirigidas a conseguir una mejor calidad de vida de toda la población, lo mejor será conocer cómo ven sus actuaciones los ciudadanos. El mejor método para ello puede ser el uso de medios sociales online.

La Administración Pública, al igual que el sector privado, tiene un público que cada vez es más activo en las redes sociales. Esto hace que se cree la necesidad de que las Instituciones y Organismos Públicos estén presentes y activos en los medios sociales online donde participen sus grupos de interés.

Hay que tener en cuenta que, aunque la Administración no esté presente en las redes sociales en un primer momento no significa que no se hable de ella.

La operativa para presentar quejas o reclamaciones ha variado mucho en estos últimos años. Atrás ha quedado la interposición de una queja escrita a mano y presentada en la institución pertinente. Hoy en día es muy fácil encontrarse con opiniones en distintos medios online, y no siempre positivas, por lo que es muy importante estar preparados para poder resolver posibles conflictos que puedan surgir por opiniones negativas.

Por todo esto, las redes sociales pueden ser un gran aliado para la Administración Pública pues pueden resultar una muy buena vía para conocer las necesidades y opiniones de sus clientes y/o usuarios. Todo personal público debe de perseguir la satisfacción de los ciudadanos y la información obtenida de este tipo de acciones puede resultar muy valiosa.

Cuanto más cerca se esté del ciudadano, más sencillo será actuar para lograr su completa satisfacción.

Además, la correcta utilización de los medios sociales puede ser un gran escaparate para cualquier Administración, que podrá publicar en él todos los productos y servicios que oferta, recordar fechas de acciones cercanas a cierre y de interés para los ciudadanos.

En definitiva, las redes sociales permiten comercializar el producto público de una manera más o menos sencilla, permitiendo llegar a un volumen de gente bastante abundante.

Ventajas del marketing en redes sociales para el sector público

El Marketing en redes sociales aplicado al Sector Público tiene distintas ventajas.

✅ Contacto directo y constante con los ciudadanos, a través de todos los canales que la propia institución abra con ese fin.

✅ Permite conocer más fehacientemente las necesidades y deseos de los ciudadanos.

✅ Con la información que se puede ir obteniendo se podrán desarrollar planes de acción y productos y servicios que permitan cubrir las necesidades del público objetivo.

✅ Gracias a los comentarios que los usuarios de las redes sociales hagan sobre la Institución, se podrá valorar el correcto uso de los servicios prestados a la población.

✅ Luchar y conseguir una imagen positiva y cercana al usuario final, que sentirá que el personal de la institución se preocupa y está interesado en conocer su opinión para poder seguir mejorando.

Por todo esto es imprescindible tener una presencia constante en las redes sociales.

Cómo activar la presencia en redes sociales de la Administración

Pero… ¿cómo hacerlo? Lo ideal es preparar un Plan de Marketing.

Objetivos

En primer lugar, habrá que aclarar los objetivos que se persiguen con la creación de este Plan. En el caso de cualquier Administración Pública será conseguir la satisfacción de los usuarios y una mejor calidad de vida para todos ellos.

Lo más interesante sería trabajar sobre 2 niveles principalmente:

✅ Mercado. Hay que conocer perfectamente el público objetivo de la Institución para la que se prepara el Plan.

✅ Producto. Se trata de definir la misión de la Institución, estableciendo unos pasos a seguir para conseguir una calidad óptima del producto/servicio que se verá reflejado en la satisfacción del usuario del mismo.

Para conseguir unir estos dos niveles es imprescindible acudir a la comunicación entre la propia Organización con el fin de todos los trabajadores se involucren en todas estas actuaciones en las que estén relacionados. No obstante, asignar un responsable de la estrategia de comunicación es algo interesante pues de esta forma se podrá coordinar a todas las personas involucradas en la misma.

Mensaje

Una vez se han definido todos estos puntos habrá que elaborar el mensaje que se desea trasmitir a la sociedad y programar las acciones de comunicación que se llevarán a cabo. En este punto habrá que elegir los canales y medios que se desean usar y con qué frecuencia se interaccionará con los usuarios (periodicidad de publicaciones).

Habrá que prestar atención al modo en el que se dirige la Institución al usuario. Este tipo de comunicaciones deben ser más informales, pero teniendo especial cuidado siempre tanto la ortografía como la gramática. Especialmente, en ciertas redes sociales como Twitter en las que el número de caracteres a publicar está limitado, lo que puede llevar a acortar las frases de una manera inadecuada.

Planificación

Otro punto importante, tal y como ya se mencionó anteriormente, es la planificación de un modo de actuación, que coordinará la persona que se haya asignado como responsable del mismo, para situaciones en las que se deteriore la imagen de la Institución u Organismo y que exijan una resolución por parte de la misma.

Análisis

Nunca se debe de obviar la función de control y seguimiento de todas las acciones que se han llevado a cabo. Es muy importante conocer si todo el esfuerzo depositado en este trabajo ha dado sus frutos o si, por el contrario, nos hemos equivocado con la estrategia de comunicación.

Cómo ves, el marketing en redes sociales para el sector público no deja de ser tan importante como para las empresas del sector privado.

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

FUNCIONES

El control disciplinario es un elemento indispensable de la Administración Pública, en la medida en que el mismo se orienta a garantizar que la función pública sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y libertades de los asociados. El derecho disciplinario "... está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, ya que los servidores públicos no sólo responden por la infracción a la Constitución y a las leyes sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (CP Art. 6°)." En principio, el control disciplinario interno es una consecuencia de la situación de sujeción y de subordinación jerárquica en la que se encuentran los servidores públicos, con el objeto de mantener el orden en las diferentes entidades del Estado y para garantizar que las mismas respondan a las finalidades del Estado previstas en la Constitución. En este orden de ideas, el control disciplinario interno, por su misma naturaleza, estaba confiado a los respectivos superiores jerárquicos, en quienes reside la responsabilidad de velar porque cada una de las dependencias del Estado se oriente a las finalidades de servicio público que le son propias.

CONTROL DISCIPLINARIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA-Se ejerce en dos niveles/CONTROL INTERNO-Desarrollo de la potestad sancionadora de la administración

El control disciplinario de la Administración Pública se ejerce en dos niveles. Por un lado, está el control externo, directamente previsto en la Constitución, y cuyo ejercicio corresponde a la Procuraduría General de la Nación y, por otro, el control interno, desarrollado por la ley a partir de la Constitución, y que es el que se ejerce por cada una de las entidades que forman parte de la Administración Pública en desarrollo de la potestad sancionadora de la administración.

OFICINA DE CONTROL INTERNO-Avances en la Ley 734 de 2002

La Ley 734 de 2002 avanzó en el rediseño del régimen disciplinario al puntualizar que a la unidad u oficina de control interno que debe organizarse en todas las entidades u organismos del Estado le corresponde conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores de la respectiva entidad. La Ley 734 de 2002 ha modificado la manera tradicional como se desarrollaba el control disciplinario al interior de las distintas entidades del Estado. En efecto, con anterioridad a dicha Ley, el control interno suponía una relación jerárquica - funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado." Hoy por hoy, en principio y salvo las excepciones que son objeto de censura en este proceso, el control disciplinario interno, en su primera instancia, es competencia de una unidad u oficina especializada que debe organizarse en cada una de los entidades o de los organismos del Estado.

 Sentencia C-1061/03

Magistrado Ponente:

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL