¡SE
PRESUME INOCENTE!
EL
DESAFOTUNADO DEBATE JUDICIAL EN LAS REDES SOCIALES.
La
ley debe mandar, no polemizar.
Séneca
El artículo 29 de la
constitución nacional de Colombia desarrollo el famoso principio del Debido
proceso y especialmente en el mismo establece: Toda persona se presume inocente
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable; sin embargo y como
muchos del articulado de la magna carta no se cumple; recientemente hemos vista
sacudidas las redes sociales por el llamado a indagatoria de la corte suprema
de justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el debate judicial se volvió en
un tema en estos medios y a este aspecto me voy a referir en el presente artículo.
La presunción de
inocencia está reconocida en los distintos instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos: en la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre (1948), cuyo artículo 11.1 establece que: "toda persona acusada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad"; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966), cuyo artículo 14.2 dispone que: "toda persona acusada de un delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley"; en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos (1950), cuyo artículo 6.2 proclama que: "toda persona acusada de
una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente
establecida"; en la Convención Americana.
Tengo la enorme
preocupación de la manera irresponsable con la que los medios de comunicación
han manejado la información de los procesos judiciales pero sobretodo en la
forma en como los colocan a disposición de forma indiscriminada a una audiencia
aturdida por las redes y su legítimo derecho a opinar.
En este orden de ideas el
debate político entre el uribismo y sus enemigos lo convirtieron en un terrible
debate judicial, por eso una vez emitida la orden de citación a indagatoria por
la Corte Suprema de Justicia, se saturaron con toda clase de infamias,
calumnias e injurias contra la dignidad y el honor de una persona.
Los abogados, los
jueces, los fiscales y magistrados hemos pasado gran parte de nuestra vida estudiando
leyes; aún recuerdo muy bien las clases
de derecho probatorio, del derecho procesal, en donde aprendimos la forma
adecuada de valorar una prueba judicial, como se aporta al proceso y la cadena
de custodia, en fin; Pero encontrase uno con una infinidad de opinadores
aventurados en culpar a otra persona sin tener el mas mínimo criterio para
hacerlo, solo a merced de unas publicaciones en un medio de comunicación
cargado de odio y que hace política a través de sus editoriales.
Gran parte de los
responsables de este fenómeno del debate judicial en las redes es como decía anteriormente gracias unos periodistas
cargados además de un bruto apasionamiento, de un temible resentimiento
político, publicando toda clase de comentarios tendenciosos e incendiarios con
el único objeto de destruir a su oponente político, a su contrincante desde la
trinchera de la libertad de prensa como lo hace la revista semana en Colombia
que hace más de 8 años dejó de ser un medio de comunicación serio, respetuoso y
con credibilidad.
Es un presupuesto claro,
que la verdad de los medios no es siempre
es la verdad judicial, ni mucho menos la verdad material, pero es de tal
relevancia en una sociedad, que aunque una persona resulte inocente ante un
juez, si los medios de comunicación lo condenaron siempre será culpable.
Desde luego que todos
podemos opinar y considerar lo que creamos, pero hablar sobre un procesos
judicial, sobre los elementos materiales probatorios, de si los testimonios son
ciertos o no, es sumamente peligrosos para la misma democracia, que ha puesto
en tela de juicio el magno principio d l debido proceso y la presunción de
inocencia; Los señalamientos que se hagan en las redes sociales deben ser
veraces y contar con los mismos elementos que se les exige a las publicaciones
en medios periodísticos.
La presunción de
inocencia constituye uno de los pilares básicos del sistema penal de una
democracia. Demasiados periodistas y buena parte de los medios en Colombia,
abusando de la libertad de informar, sistemáticamente violan el derecho a la
presunción de inocencia, derecho que corresponde a todo imputado en un proceso penal
a ser tratado como si fuese inocente hasta que una sentencia en firme lo
declare culpable.
Algunos guiados por
tinterillos de cuarta categoría, repten una y otra vez las aseveraciones más afrentosas
y solamente por diferencias políticas que han convertido en un debate judicial
desafortunado, en la que nadie debería opinar salvo para esperar una sentencia
judicial
El debate judicial solo
se hace en los estrados, y no en los medios de comunicación ni tampoco en las
redes sociales; pero hay algo aún más preocupante es una prensa que quiere influir de forma dañina en
la justicia, quiere obligar a los jueces a que condenen o absuelvan con base en
informaciones periodísticas y eso es un grave atentado a la democracia y peor
aún, lesiona el estado de Derecho, poner la justicia a merced de unos grupos de
presión es reprochable desde todo punto de vista.
Pese a los claros textos
constitucionales y a la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
Colombia se ha convertido en un deporte la práctica de la calumnia y las
sindicaciones contra las personas, tanto en medios como en redes sociales y en
publicaciones, generalmente por motivos políticos. Y ello, sin que, cuando se
trata de delitos, exista sentencia condenatoria contra las personas afectadas,
cuya honra y buen nombre quedan maltratados, muchas veces de manera
irreversible. Porque ocurre, además, que casi siempre esas especies -en
especial si se han difundido por parte de quien ejerce un alto cargo o es
figura pública- esas especies hacen carrera y, a fuerza de ser repetidas, se
convierten en "verdades", sin que medie una sentencia judicial
condenatoria en firme.
Los medios de
comunicación se pasan la ley por la galleta, muchos de estos enemigos del
expresidente Uribe, o simples prepagos al mejor postor político, aplican pero
el principio de presunción de culpabilidad, tienen la afanosa tarea de demostrar la
responsabilidad de un dirigente político en unos hechos punibles, “no hay otra
forma más de eliminar a un contradictor cuando electoralmente no se pudo, la
judicial es la alternativa.
Álvaro Uribe Vélez ha
sido acusado desde siempre de conformar grupos paramilitares, de ser amigo de
la mafia del narcotráfico en Antioquia, sus contradictores políticos lo tildan
de criminal y asesino, de haber llegado al poder a través de cientos de
muertes de campesinos guerrilleros presentados como falsos positivos, pero
hasta ahora ningún juez de la república ha podido condenarlo, ni demostrase efectivamente
que dichas aseveraciones sean ciertas.
El recientemente llamado
a Indagatoria ante la Corte Suprema de la Justicia corresponde a un presunto manipulación
de testigos o fraude procesal, en una decisión judicial evidentemente
controvertida, pero que desde luego es respetable y la cual debemos esperar, que
los políticos lo usen para hacer proselitismo es casi legítimo, pero nosotros como
ciudadanos no debemos caer en el juego maléfico de creer todo lo que se dice en
las redes sociales.
Las redes sociales son
desde luego un espacio para la deliberación politica, (no judicial) pero
lamentablemente nos hemos encontrado con una clase de opinión chatarra o lo que
yo mismo he llamado la chatarrización de la opinión, donde personas carentes de
elementos de juicio suficientes formulan toda clase de expresiones injuriosas
sensacionalistas, (show mediático); atentando
flagrantemente con la presunción de inocencia, pues ahora todos los opinadores
se han convertido en respetables analistas, pero en la que circundan ideas
demasiado equivocadas e inexactas.
El expresidente Álvaro
Uribe Vélez ni es culpable ni es
inocente, dejemos ese debate judicial entre las partes, en la respectiva Corte suprema de Justicia,
nos queda confiar entonces en nuestra justicia, en nuestras instituciones, esperamos,
como se resuelve, sea cual sea la decisión, nos corresponde acatar y aceptar.
Finalmente y esta vez sí
lo manifiesto como abogado, no podemos ser igualmente irresponsables como lo
hacen los medios de comunicación, no podemos pronunciarnos sobre aspectos sustanciales
de un proceso judicial, ello compete únicamente
a las partes, y si no lo hacemos los conocedores del derecho, mucho menos las
personas que lejanamente comprenden siquiera aspectos básicos de una prueba,
por lo tanto, continuemos en el debate político, y cerremos de una vez el
espacio a ese desafortunado debate judicial en las redes sociales.
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