QUIENES QUIEREN LA GUERRA EN COLOMBIA?

QUIENES QUIEREN LA GUERRA EN COLOMBIA?

“UN ANALISIS POLITICO”

“La guerra es una invención de la mente humana; y la mente humana también puede inventar la paz.”  Winston Churchill

Quienes quieren la guerra?  Podría iniciar este artículo con la conclusión y empezar desde luego a extrapolar la argumentación con el único objetivo de presentar solidez en mis apreciaciones al respecto, dirigirme a elaborarlo bajo los viejos parámetros de la construcción literaria de un artículo más.

Hace pocos días presente un artículo llamado ¿cómo Evitamos la guerra? En donde acudí a las ciencias políticas para abordar los conceptos de guerra, terrorismo, población civil, entre otras y sentar algunos supuestos de cómo podemos evitar la generación de más violencia, pues bien; creo que nadie en Colombia y cuando sostengo que nadie me refiero a los colombianos de bien, a los que están dentro de la legalidad, así como usted, quieran la Guerra.

Y es que este artículo nace Prima facie por la metáfora de algunos, dentro de este imaginario político macondiano, que sostienen que el presidente de Colombia Iván Duque quiere la Guerra, Que Donald Trump quiere la Guerra, que todos quieren la guerra menos quienes en este justo momento empuñan las armas.

Desde luego que estas aseveraciones para algunos calumniosas, no son más que el fruto de un empobrecido debate en quienes aún no se levantan del fracaso de las elecciones presidenciales y que ejercen una oposición perversa y han hecho un discurso maniqueista expuesto en la mesa de una izquierda arrogante y prepotente, que ataca todo cuanto este gobierno presenta.

En muchos sentidos la guerra y terrorismo son muy similares. Ambas implican actos de extrema violencia, están motivados por consideraciones políticas, ideológicas o fines estratégicos, y son causados por un grupo de individuos contra otro. Sus consecuencias son terribles para los miembros de la población, ya sea intencionadamente o no. La guerra tiende a ser más generalizada y la destrucción es probable que sea más devastadora porque a menudo se lleva a cabo por estados con ejércitos y grandes arsenales de armas a su disposición. Los grupos terroristas rara vez tienen los recursos financieros y profesionales de los estados.

Aparte de los métodos utilizados y del grado de violencia, la guerra y el terrorismo se perciben también de forma diferente en el derecho internacional. Las diferencias no siempre son claras e incluso los expertos pueden estar en desacuerdo acerca de si una campaña violenta se considera terrorismo, guerra civil, insurrección, legítima defensa, legítima determinación, u otra cosa.

La Asamblea General de las Naciones Unidas tiende a utilizar la siguiente definición en sus pronunciamientos sobre el terrorismo:

“Actos delictivos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas que son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos”.

Y atendiendo a este concepto, es claro que quienes hacen terrorismo, quienes crean zozobra en la población civil son los grupos armados ilegales ( Guerrillas, paramilitares, Bacrim y otros).

El terrorismo: una clasificación

Algunos de los siguientes criterios se han considerado importantes a la hora de decidir si un acto es “terrorismo”. Ten en cuenta que no todos los expertos están de acuerdo:

El acto está políticamente inspirado

Un acto de terrorismo normalmente tiene un objetivo final que es “mayor”, y más estratégico que el efecto inmediato del acto. Por ejemplo, un atentado con bomba contra civiles está destinado a cambiar la opinión pública con el fin de ejercer presión sobre el gobierno.

El acto debe implicar violencia o amenaza de violencia

Algunos piensan que la sola amenaza de la violencia, si realmente es creíble, puede ser también un acto de terrorismo, debido a que causa temor entre aquellos a quienes se dirige, y puede ser utilizada con fines políticos.

Un acto de terrorismo está diseñado para tener un fuerte impacto psicológico

Los actos terroristas a menudo se dice que son de naturaleza arbitraria o aleatoria, pero en realidad los grupos tienden a seleccionar objetivos cuidadosamente a fin de provocar la máxima reacción, y también, en la medida de lo posible, alcanzar los símbolos del régimen.

El terrorismo es el acto de sub-grupos del estado, no de los estados

Esto es probablemente lo más ampliamente discutido entre los diferentes expertos y observadores. Los estados-nación tienden a usar esto como la esencia de un acto terrorista, pero si nos limitamos a los actos de terrorismo a los sub-grupos del estado, ya hemos decidido que un acto violento realizado por un estado no puede ser terrorismo, por terrible que sea.

El terrorismo implica deliberadamente a los civiles como blanco

Este criterio también es discutido por muchos expertos, ya que descarta la posibilidad de que se clasifiquen como ataques terroristas los que van contra el personal militar o de otro tipo, como los funcionarios del estado, los políticos o policías.

Frente a estas definiciones que puede hacer el estado Colombiano, arrodillarse, humillarse y pedirle a estos grupos extremistas que cesen su actuar que se lleguemos a una negociación política, pero claro una negociación política es admisible, pero no llegando con un estado en desventaja, no señor, el estado es el estado, el posee y debe ser así el único elemento de fuerza.

ACTORES DEL TERRORISMO EN COLOMBIA

Los actores principales del conflicto armado de Colombia han sido dos en la primera fase (1964-1980) y tres, en la segunda (1980-2015), sin dejar de lado otros actores sociales y políticos que cumplen papeles importantes.

- Fase 1964-1980: sobresalen la confrontación de las “guerrillas de primera generación” y las Fuerzas Militares y fue caracterizada por el debilitamiento de la guerrilla a finales de los sesenta y principios de los setenta.

- Fase 1980-2015: esta fase ha permitido que el conflicto se agudice tras la aparición de los grupos paramilitares y los “recursos financieros sin antecedentes provenientes del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión”, lo que dio pie a lo que los académicos denominan “terceros oportunistas”, es decir organizaciones criminales o agentes políticos que han buscado obtener beneficios particulares con el conflicto.

Actores armados y legitimidad política:

En el debate público colombiano es frecuente escuchar formulaciones que recalcan la ilegitimidad de la acción armada por recurrir precisamente a la violencia o por carecer de formulaciones ideológicas o en términos más amplios de ideales que sustenten la lucha. En el primer caso está en juego la idea liberal de que las relaciones políticas deben desprenderse del consentimiento y deben excluir la coerción física. En el segundo caso, está idea es parcialmente matizada con el supuesto de que ciertos ideales —de comunismo, socialismo o reforma política— sustentaron en el pasado el uso de la violencia pero ya no tienen más acogida o pertinencia histórica.

Así por ejemplo, varios investigadores han mostrado que la guerrilla de las Farc contó y cuenta con importantes grados de legitimidad y aceptación en sociedades locales de reciente poblamiento y en la que el grupo armado como tal, acompaño y defendió los procesos de colonización de territorios que hasta ese momento eran registrados por el estado como baldíos o sin dueños claramente conocidos. En estas sociedades localizadas en el sur de Colombia, la guerrilla favoreció un proceso que se ha llamado de “colonización armada” y que dio origen a la constitución de un “campesinado ilícito”. En estas sociedades, los campesinos conceden legitimidad a la acción guerrillera no porque compartan con ella los postulados de la acción revolucionaria, sino porque la organización armada hadenunciado la exclusión económica y política de los campesinos y ha asumido funciones de regulación política local. Varios estudios muestran, por ejemplo, que en estas zonas los grupos de guerrilla regulan la explotación de recursos naturales, organizan los asentamientos, distribuyen responsabilidades económicas entre los nuevos pobladores, resuelven disputas territoriales, entre otras funciones.

La estrecha vinculación del grupo de guerrilla con estas sociedades locales de reciente poblamiento en los años sesenta y setenta hizo que estas zonas fueran clasificadas como zonas “históricas” de la guerrilla y que en ellas el grupo armado se estableciera como red de poder y definiera o contribuyera con la definición de las jerarquías y preeminencias políticas locales. Para que esto quede claro conviene recordar los procesos expuestos en otras fichas elaboradas por Fernán González y Silvia Otero en donde se caracteriza la presencia diferenciada del estado colombiano y se recuerda que en el territorio de Colombia coexisten regiones en donde el estado hace presencia a través de su agentes con zonas en donde negocia la dominación con redes de poder preestablecidas y con territorios en donde los actores armados disputan precisamente el establecimiento de tales redes de dominación.

Es necesario entonces situar las preguntas por la legitimidad de los actores armados y en este caso concreto de las Farc en un mapa que recuerde la desigual incorporación de territorios y de sectores sociales a la dominación estatal. En efecto, la creación de la guerrilla de las Farc está estrechamente conectada con la radicalización política de sectores campesinos que fueron “abandonados” por las dirigencias bipartidistas liberales durante el periodo de la llamada Violencia (1948-1964). Durante esos años, intensos conflictos intra e interpartidistas, entre los partidos tradicionales colombianos, el Liberal y el Conservador expulsaron importantes grupos poblacionales de las zonas de antiguo poblamiento y presionaron la colonización y la ocupación de fronteras agrarias abiertas en distintas regiones del país. La investigación social ha mostrado que precisamente, en las regiones a donde llegaron los campesinos que huían de la confrontación bipartidista de los cincuenta, nacen y se consolidan los grupos de guerrilla que van a acudir al comunismo para denunciar la exclusión política.

Algo parecido sucede con la legitimidad política de la que son provistos los grupos de autodefensa o paramilitares. La guerrilla construye su legitimidad porque acompaña y favorece los procesos de colonización y de disputa política de sectores agrarios o sociales concretos. Por su parte, los grupos de autodefensa derivan su legitimidad de varias y disimiles formas de acción. En unos casos, los grupos de autodefensa expresan o recogen el interés de redes políticas recientemente afianzadas por conectarse o articularse con los centros de poder local y regional. Varias investigaciones muestran que la afinidad de la guerrilla con las sociedades de reciente colonización y con incipientes clases políticas, se va resquebrajando cuando estás últimas necesitan, para consolidarse como clases políticas y como sectores dominantes en el nivel local y subregional, proyectarse hacia las capitales y los centros de poder regional. La antigua alianza de la guerrilla con las familias destacadas en los procesos de colonización se rompe y estás últimas convertidas ahora en redes de comerciantes, funcionarios públicos y prestantes actores locales favorecen la constitución o la introducción de grupos de autodefensa que limiten el poder guerrillero y favorezcan la articulación entre las sociedades locales de antigua colonización y los centros políticos y económicos vecinos.

LA FUERZA PUBLICA…ACTOR DEL CONFLICTO?

La Constitución de Colombia describe la fuerza pública compuesta en forma exclusiva por las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y la Policía Nacional; establecidas para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional; y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La fuerza pública no es desde luego, como algunos sugieren que son actores de la Guerra, la fuerza pública es víctima de este terrorismo, y son ellos los llamados a defender a los COLOMBIANOS, no son nuestros enemigos, y tampoco pueden colocarse al mismo nivel de los grupos armados ilegales, por más territorio que estos tengan ocupado.

EN COLOMBIA EXISTE UN GOBIERNO LEGÍTIMAMENTE CONSTITUIDO.

En ciencia política, el concepto de Legitimidad está vinculado a la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que supone la amenaza de la fuerza, de tal forma que un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad vigente. En este sentido el término tiene sus orígenes en el derecho privado sucesorio y aparece vinculado a la política en relación con la restauración monárquica tras la Revolución francesa. Esta apelación inicial a criterios tradicionales como justificación ética del ejercicio personal del poder es aceptada por Max Weber como uno de los tres tipos de legitimidad junto con la legitimación carismática (los subordinados aceptan el poder basándose en la santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce) y la legitimación racional (los subordinados aceptan el poder de acuerdo con motivaciones objetivas e impersonales); convirtiéndola prácticamente en sinónimo de legalidad.

Pues bien, frente a esta noción, podemos decir que nuestro gobierno, dentro de una democracia constitucional, es legítimo, hayamos perdido en las elecciones o no, es el gobierno que los Colombianos eligieron con forme a las reglas y normas jurídicas institucionales; así que la fuerza pública esta precisamente para mantener el orden y defender la legitimidad del mismo estado, estado que no solo enmarca el gobierno (Ejecutivo) sino las demás ramas del poder público.

Los colombianos no podemos ser enemigos de la Fuerza pública, y ello no implique que se deban tolerar los abusos y excesos, como la escandalosa situaciones de las ejecuciones extrajudiciales, un episodio vergonzoso para nuestra historia, pero aun con todos esos desaciertos, porque nuestra democracia no es perfecta, tenemos que estar del lado del orden y del estado de Derecho.

En los últimos tiempos muchos han terminado convirtiéndose en voceros del terrorismo, de los verdaderos enemigos de la democracia, valiéndose de los errores brutales de la fuerza pública, presentando un odio acérrimo contra nuestros policías y soldados, que precisamente están para salvaguardar la vida, honra y bienes de los Colombianos; y lo más lamentable es que estas voces en contra de la legitimidad de la fuerza pública se levantan desde los mismos miembros de la institucionalidad que representan, como congresistas o funcionarios públicos.

Nuestra fuerza pública ha sido víctima del terrorismo y en ese sentido ha tenido que actuar con grandes equivocaciones, con asesinatos a inocentes, con Homicidios y violaciones a Derechos Humanos, pero eso desde luego no puede ser un argumento para desconocer la institucionalidad y la defensa del orden Jurídico; por eso se ha planteado una justicia penal militar, una justicia especial para quienes están allí en el frente de batalla que muchas veces tienen que actuar y no hay tiempo en el monte para estrategias y estudios e inteligencia, pues en la Ley de la selva muchas veces el que piensa muere.

Es el estado, el único que tiene el poder sobre las armas porque así lo quisimos los colombianos, porque en ese contrato social ( Rousseau –Locke) dispusimos ceder un parte de nuestros derechos con el fin de que se nos garantice la vida, la seguridad; y quienes se rebelaron contra este orden, contra este contrato, son quienes están generando el terror, son ellos quienes están en contra del mismo pueblo al cual convierten en instrumento en manipulación de poder.

El estado debe asegurar la paz y el orden y sus son sus fuerzas armadas las que están precisamente para eso, enfrentar a quienes se le alzaron en armas, a quienes quieren la anarquía y el caos, que no se equivoquen algunos sectores pretendiendo sostener la idea de que es el gobierno el que hace la guerra, discurso maniqueista y perverso, para terminar por la puerta detrás defendiendo a unas guerrillas asesinas, criminales de lesa Humanidad.

Ya los sostuve en el anterior artículo, ni conflicto armado, ni beligerancia, ni estatus políticos, porque las guerrillas no tienen ninguna ideología política, lo único que quieren es sembrar el terror en los pueblos y regiones, aprovechando la ausencia de un estado, que está bastante lejos de satisfacer las demandas de una sociedad.

Al respecto me parece relevante mencionar el escándalo que hay respecto de la posesión de Darío Acevedo como director del centro de memoria histórica; las organizaciones sociales y sectores de izquierda, se creen con el único derecho a escribir la Historia de Colombia, una narrativa contada desde el odio por las instituciones; pero no señor, la Historia de este país la construimos todos, y no desde una sola orilla, nuestros soldados y policías también son víctimas, y aquí no estamos frente a un absolutismo histórico, las historia no es absoluta, por eso hay diversidad de corrientes en las ciencias Humanas.

Y quiero terminar este articulo diciendo, no es la fuerza del estado quienes hacen la guerra, son los que desafían al estado de derecho, día a día, echando bala en los pueblos y veredas de Colombia, ellos son quienes hacen la guerra y no nuestra fuerza pública que corre inmediatamente a defender a cientos de poblaciones del vil  terrorismo.

Todos queremos la paz, en eso no hay ninguna duda, aunque digan que los más de 700.000 inscritos en el Centro Democrático seamos enemigos de ella. Todos queremos la paz, pero sin igualar a nuestras fuerzas del orden con la insurgencia. Todos queremos la paz, pero sin que pongan a pagar a todos los colombianos las indemnizaciones por los delitos cometidos por la insurgencia. Todos queremos la paz, pero sin que se premie a los insurgentes con curules sin ganarlas en el juego democrático de las elecciones. Todos queremos la paz sin que se premie a los áulicos con la mermelada del Estado.

OMAR COLMENARES TRUJILLO
ANALISTA