INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

El régimen aplicable a los intermediarios de seguros se encuentra consagrado en las disposiciones especiales que rigen su actividad consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y normas reglamentarias y, solamente, en defecto de éstas se aplicarán las generales que regulan la actividad comercial, en virtud de la remisión prevista en el artículo 2034 del Código de Comercio.

Este presupuesto se encuentra consagrado en el artículo 1º del Decreto 2605 de 1993, reglamentario del artículo 11 de la Ley 35 del mismo año, que reza: "Los intermediarios de seguros y reaseguros se encuentran sometidos a las disposiciones generales que regulan su actividad y a las normas especiales del presente decreto".

Con la misma orientación en el artículo 236 de la Ley 222 de 1995 se señala que "(...) lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de las normas tributarías y de las especiales aplicables a las sociedades sometidas a la inspección, vigilancia o control de entidades distintas a la Superintendencia de Sociedades (...)".

En este sentido, el artículo 2º del prenombrado decreto, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, prescribe que "La actividad de intermediación de seguros y reaseguros está reservada a las sociedades corredoras de seguros, a las sociedades corredoras de reaseguros, a las agencias colocadoras de seguros y a los agentes colocadores de pólizas de seguro, de acuerdo con su especialidad" refiriéndose a las personas autorizadas legalmente para ejercer la actividad de intermediación de seguros.

Por su parte, en el Capítulo XII, Parte Primera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se señalan las normas especiales que regulan a los intermediarios de seguros mencionados en la disposición antes transcrita. Es así como el numeral 1 de su artículo 40, modificado parcialmente por el artículo 101 de la Ley 510 de 1999 , consagra la definición de las sociedades corredoras de seguros, prescribiendo que son corredores de seguros las empresas constituidas como sociedades anónimas "(...) cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador".

De igual forma, el numeral 3 del artículo 41 del mismo estatuto dispone que "las agencias de seguros solamente podrán ser dirigidas por personas naturales y por sociedades de comercio colectivas, en comandita simple o de responsabilidad limitada, conforme a las normas mercantiles vigentes sobre la materia".

Del marco normativo expuesto se infiere que las disposiciones especiales que regulan la actividad de la intermediación de seguros prescriben la naturaleza jurídica que deben adoptar las personas jurídicas que pretendan dirigir una agencia colocadora de seguros, así como las sociedades corredoras de seguros. En este orden de ideas, no resultaría jurídicamente viable que una empresa unipersonal en los términos previstos en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 1995 dirija una agencia de seguros ni se constituya como  corredora de seguros toda vez que, como se indicó, en las normas que rigen estas figuras no se encuentra prevista la posibilidad de que la agencia sea dirigida por personas jurídicas diferentes de sociedades comerciales de responsabilidad limitada, colectivas o en comandita simple, ni que el corretaje de seguros sea ejercido por una sociedad distinta de la anónima.

De otro lado, el numeral 1 del precitado artículo 41 consagra la definición de los agentes colocadores de seguros y establece su clasificación. En efecto, dicha norma establece: "Son agentes colocadores de pólizas de seguros y de títulos de capitalización las personas naturales que promuevan la celebración de contratos de seguro y de capitalización y la renovación de los mismos en relación con una o varias compañías de  seguros o sociedades de capitalización". A su turno, en el numeral 5 la misma disposición instituye las clases de agentes en función del vínculo que lo relaciona con la aseguradora o capitalizadora, esto es, un contrato laboral en el caso del agente dependiente o un contrato mercantil para el agente independiente.

En esa dirección, el literal b) define a los agentes independientes como las personas "(...) que, por sus propios medios, se dedican a la promoción de pólizas de seguros y de títulos de capitalización, sin dependencia de la compañía de seguros o de la sociedad de capitalización, en virtud de un contrato mercantil".

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la precitada ley, la empresa unipersonal goza de personería jurídica y se entiende como un sujeto de derecho independiente de su constituyente, tampoco resultaría legalmente viable que la misma pudiera ejercer la actividad de intermediación de seguros en los términos consagrados en el numeral 5 del artículo 41 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para las personas naturales, en cualquiera de sus dos modalidades: agentes dependientes y agentes independientes, máxime si no se olvida que en la legislación especial no se ha previsto la separación del patrimonio y la consecuente limitación de responsabilidad del agente como se consagra en el caso de la empresa unipersonal.

De otro lado no sobra precisar, atendiendo los términos de su comunicación, que la remisión normativa que efectúa el artículo 80 de la mencionada Ley 222 al régimen de las sociedades de responsabilidad limitada no significa que la empresa unipersonal modifique su naturaleza jurídica, pues aquélla se traduce en la simple aplicación supletiva de sus preceptos.

Por último, en relación con su apreciación relativa a que la condición de agente independiente reduce su responsabilidad de "(...) llevar libros de contabilidad y tributación ante la DIAN (...)", se debe precisar que de conformidad con lo previsto en los artículos 48 y siguientes del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 19 numeral 3 y 21 del mismo código, disposiciones que le resultan aplicables en su condición de comerciante, el agente independiente debe llevar la contabilidad de sus negocios conforme con los lineamientos contenidos en el Decreto 2649 de 1993 , tal como lo preceptúa el artículo 2º de dicha reglamentación. Las mismas consideraciones pueden hacerse extensivas al cumplimiento de las normas tributarias.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-384 de abril 5 de 2000 declaró la exequibilidad del inciso primero del artículo 101 de la Ley 510 de 1999. Expedientes D2559, D-2574 y D-2586, magistrado ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa.

El Decreto 2649 de 1993 reglamenta la contabilidad en general y fija los principios o normas generalmente aceptados en Colombia en esa materia.

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SEGUROS

Decreto 2800 de 2003 

      

Reglamenta parcialmente el literal b) del artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994 que señala: los trabajadores independientes son afiliados voluntarios al Sistema General de Riesgos Profesionales, de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno Nacional expida.

Decreto 3990 de 2007   

    

Reglamenta la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, establece las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos derivados de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, las condiciones generales del seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, SOAT.

Decreto 2558 de 2007   

    

Expide el régimen de las oficinas de representación de instituciones financieras, reaseguradoras y del mercado de valores del exterior.

Decreto 666 de 2003 Adiciona un parágrafo al decreto 325 de 2003.

Decreto 839 de 1991, Decreto 094 de 2000, Decreto 2779 de 2001, Decreto 3285 de 2005, Decreto 343 de 2007, Decreto 4432 de 2006, Decreto 1796 de 2008, Decreto 1797 de 2008.

Decretos relacionados con el régimen de inversiones de las entidades aseguradoras.

Decreto 2569 de 1993, Decreto 1649 de 1994, Decreto 1176 de 1995 Reglamentación del seguro de crédito a la exportación.

Decreto 206 de 1999

Actualiza los montos del patrimonio técnico saneado que deben acreditar las entidades aseguradoras y reaseguradoras que operan en el país.

Decreto 1222 de 2003   

    

Determina los montos de patrimonio requerido para la operación de los ramos de seguro y se establece el capital mínimo que deberán acreditar las entidades aseguradoras que tengan como objeto exclusivo el ofrecimiento del ramo de seguro de crédito a la exportación.

Decreto 1866 de 1992 

      

Determina el capital mínimo y los sistemas de garantía a los cuales deben someterse las sociedades corredoras de seguros.

Decreto 1272 de 1999  

     

Dicta normas relacionadas con el patrimonio técnico de las sociedades de capitalización.

Decreto 2347 de 1995, Decreto 2655 de 1998.

Dicta normas relacionadas con la reserva para el ramo de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia.

Decreto 1295 de 1994, Decreto 2347 de 1995, Decreto 2656 de 1998

Decretos relacionados con la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales y la constitución de reservas técnicas para dicho ramo.

Decreto 2080 de 2000 

      

Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior.

Decreto 3086 de 1997  

     

Dicta normas sobre el patrimonio adecuado de las sociedades de capitalización.

Decreto 2360 de 1993   

    

Dicta normas sobre los cupos individuales de crédito.

Decreto 2582 de 1999  

     

Establece la metodología para el cálculo del margen de solvencia de compañías de seguros de vida aplicable al ramo de riesgos profesionales.

Decreto 1161 de 1994 

      

Dicta normas relacionadas con el margen de solvencia para el ramo de seguros.

OMAR COLMENARES TRUJILLO
ABOGADO ANALISTA