POLÍTICA CRIMINAL: UN TORBELLINO JURÍDICO.
La normatividad penal colombiana es sin vacilación alguna
extremadamente compleja, además del código sustantivo y procedimental
disponemos de un compendio de leyes derivadas de una justicia circunstancial,
mediática, segmentada, hecha a retazos, retoques, ajustes, derogaciones,
nulidades, inexequibilidades, etc.
En primer lugar, considero que la política criminal es aquella que
se encarrila en construir un plan para garantizar los intereses del estado,
como la vida, honra y bienes de sus ciudadanos; en efecto, esta se desenvuelve
descubriendo y estructurando sistemáticamente las soluciones al fenómeno
criminal, cimentada en una filosofía penal, en una verdadera contemplación
sobre lo que implica la justicia, el derecho y la legitimidad del estado.
Pero como lo sostienen los expertos en el país no hay ni
filosofía, ni sistema, únicamente una política efectista y reactiva frente a la
criminalidad; que hoy más que nunca le exige a nuestros dirigentes el compromiso
por diseñar una verdadera política criminal y carcelaria con miras al fin del conflicto
armado colombiano.
En este sentido, recientemente la
corporación excelencia a la Justicia, presento un informe bastante
desalentador, el sistema acusatorio tienen cerca de tres millones de casos
pendiente por resolver.
El modelo anglosajón de negociaciones,
acuerdos, y aceptación de culpabilidad fracaso y se están enviando a las
cárceles a personas inocentes sin oportunidad de defenderse.
Así mismo la oralidad nos trajo otro
problema más grave, los famosos testigos e informantes, que buscando beneficios
jurídicos, mienten a diestra y siniestra, sindicando a personas de bien, sin
una verdadera labor de la fiscalía que pueda corroborar estas versiones.
El sistema carcelario es la gran evidencia
de que no estoy equivocado, el hacinamiento, los motines, la corrupción al
interior de las mismas, como la comisión de delitos desde el interior,
narcotráfico, comercialización de armas, extorsiones etc.
Los retos de la política criminal son
enormes en el contexto de la construcción de la paz y el conflicto armado
colombiano, no se puede seguir improvisando con pañitos de agua tibia y con
medidas irresponsablemente populistas como el Jubileo a presos.
Estamos supremamente saturados de tantos
discursos, simposios, foros y conservatorios sobre lo que debe ser la política
criminal, la academia ya ha dicho suficiente, en este momento contamos con los
elementos adecuados para construir de una vez por todas un marco legal
cohesionado con nuestras particularidades sociales, culturales; por supuesto
con la idealización de un estado garantista de los derechos.
Entre tanto y por muy apesadumbrada que
parezca mi lectura, la racionalidad jurídica debe ser un imperativo en donde
queden fuera las pasiones humanas, la historia nos enseña los horrores
que se llegaron a cometer, como la prisión perpetua y cosas traída de los
cabellos como la pena de muerte para los violadores.
Mientras en Fiscal General de la Nación, Néstor
Humberto Martínez, se pasea el País
luchando contra la corrupción, desde lo más intrínseco del ente investigador se
siguen cometiendo los más osados vejámenes procedimentales de la jurisdicción penal;
aberraciones que menoscaban literalmente los derechos humanos.
En conclusión, puedo decir que debemos
ponernos en la ardua misión de elaborar un único derecho penal, que incluya no
solo todas las formas de fenómenos y hechos criminales, sino además la unificación
de un sistema sancionador y carcelario claramente definido, en donde los
operadores jurídicos no tengan más objeción que cumplirlo.
OMAR FRANKLIN COLMENARES TRUJILLO.
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